Culpar a El Niño de la sequía es como achacar a la guerra económica el caos en Venezuela

Así respondió la asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, Ángela González, a los alegatos del gobierno en un escrito sobre la grave crisis de desabastecimiento de agua que sufre el país

Via Unión Radio

“Venezuela es la nación andina que menor influencia recibe de ese fenómeno, toda vez que nuestro sistema climático es el que menor dependencia tiene del océano Pacífico”, afirmó la especialista en un documento en el que analiza en profundidad la grave crisis de desabastecimiento de agua que sufre el país.Con base en un estudio elaborado por la Corporación Andina de Fomento –CAF-, la especialista, quien también es asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, manifestó que el citado evento pareciera afectar a Venezuela, primordialmente, en la temporada seca. “El Niño tiene su máxima repercusión entre diciembre y abril, haciendo ese lapso más cálido y árido que en condiciones normales e, inclusive, afectando el inicio de la temporada lluviosa, pero matizado por factores tales como la temperatura del océano Atlántico, la circulación atmosférica en altura y otros elementos”, sostiene.

“Además, encontramos que El Niño no perjudica de manera similar a todo el territorio: hacia occidente se vincula más con fechas tardías de inicio de las lluvias, pero en el centro norte y oriente – Llanos Centrales y Orientales y Cordillera de la Costa – no se observa un patrón categórico sino variable”, dijo, al insistir en que al menos, en  lo que respecta a Venezuela, no deriva en consecuencias “demasiado extremas”.

Sequía no es permanente

Objetó, asimismo, que, tal cual atribuye el Ejecutivo, las dificultades confrontadas con el servicio de agua procedan de tres años continuos de sequía, aclarando que los mapas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología –Inameh-, que es un ente gubernamental, revelan que entre mayo de 2014 y abril de 2015 hubo normalidad con respecto a los promedios en las áreas de influencia de los embalses que alimentan a los grandes sistemas de abastecimiento, salvo en el estado Táchira.

“En septiembre y octubre de 2014 hubo un ligero incremento en las precipitaciones que contribuyó a la disminución del déficit en algunas regiones, llevándolo del rango ‘extremadamente seco’ al ‘cercano a lo normal’, en noviembre en casi todo el país. Posteriormente, en diciembre de 2014 se redujo considerablemente la sequía a excepción de la zona costera oriental e insular (Cumaná, Güiria Porlamar); El Vigía, en Mérida; y Kavanayen en la Cuenca del Caroní, en Bolívar”.

Especificó que de enero a marzo de 2015 – cuando las precipitaciones son relativamente bajas comparándolas con la temporada lluviosa – se registraron valores normales comparados con los promedios históricos de tal período.

“Esto hizo que se ausentara la sequía en casi todo el país, con excepción de los municipios tachirenses Uribante, Sucre y Francisco de Miranda; la zona costera de Sucre y Anzoátegui; e insular de Nueva Esparta, con valores de precipitación por debajo del promedio histórico. Es decir, que hubo un período seco interrumpido y no continuo, como sostiene el gobierno”, enfatizó.

También aseveró que la ocurrencia promedio de El Niño es de uno cada dos años.  Entre 2000 y 2015 han ocurrido siete eventos: los más fuertes en 2002-2003, 2009-2010 y el actual, 2015-2016 -, por lo cual, de forma independiente del nivel de afectación, “las autoridades están obligadas a asumirlo en sus cálculos y planificaciones a la hora de establecer cualquier programa de abastecimiento o de empleo del agua”, aseveró.

“Las consecuencias de la sequía sufridas en 2010 fueron mucho más importantes y severas que en 2003, y es que para ese año todavía los embalses, los sistemas de distribución y de tratamiento obedecían a condiciones de mantenimiento que traían la inercia de las administraciones anteriores. Cuando inciden inadecuadas operaciones comienza el colapso y no se ofrece una respuesta óptima a la sequía, tal cual sucede ahora”, subrayó la experta, corroborando que es el deficiente manejo que ejerce el sector público sobre el vital recurso el que torna más compleja la de por sí crítica situación y no un fenómeno climático, de paso, previsible por sus características de recurrencia.

 

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